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Empleados del IPV denuncian al Gobierno por la entrega de terrenos con claras intenciones políticas

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Los empleados del IPV, a través de una solicitada, denuncian al Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego por la  entrega de 420 lotes en el Sector 3 de la Urbanización Río Pipo en Ushuaia y 768 lotes en la Urbanización Cabo del Mar en la Margen Sur de Río Grande.

Los trabajadores aseguran que la entrega de las tierras tiene claras intenciones políticas en plena contienda electoral.

La solicitada expresa: “Nos dirigimos a los ciudadanos de Tierra del Fuego atento a la intención política de entregar 420 lotes en el Sector 3 de la Urbanización Rio Pipo de la ciudad de Ushuaia y 768 lotes en la Urbanización Cabo del Mar, dentro de Margen Sur de la ciudad de Rio Grande.

Por lo que “ES NUESTRO DEBER INFORMAR A LA POBLACIÓN”, agregan.

“La urbanización del Río Pipo fue proyectada hace casi 20 años mediante un programa realizado por el Ingeniero Dolder, quien fue reconocido en un congreso latinoamericano por la creación del mismo y su aplicación en el proyecto de urbanización del Rio.Pipo”.

“Los empleados del IPV trabajamos desde entonces para mantener y desarrollar dicho proyecto, con la premisa de otorgar la mayor cantidad posible de soluciones habitacionales, manteniendo como objetivo su concepción original, una urbanización modelo en Latinoamérica que fue planificada a conciencia”.

Además aseguran que “hace más de 4 años que estamos desarrollando el proyecto de urbanización del sector 3, cuyo costo de infraestructura se calcula a la fecha en más de 1.000 millones de pesos, puesto que se prevén cerca de 1500 soluciones habitacionales, más de 100 lotes, parcelas para próximos proyectos, espacios verdes que conservan el bosque nativo en sus sectores más antiguos y reservas fiscales para equipamiento comunitario (escuelas, bomberos, centros de salud, policía, oficinas estatales, cto)”.

“Con la entrega desmedida de 420 lotes, anunciada por el Gobierno provincial, los proyectos mencionados no podrán llevarse a cabo, ya que constituyen casi la totalidad de las tierras más aptas para construir. Lo cual significa echar por tierra dos décadas de trabajo a conciencia, con una planificación reconocida internacionalmente, y resignar la solución futura a más de mil familias que pertenecen a la demanda general inscripta en el IPV”.

Esas  tierras que el IPV compró en Cabo del Mar, “no están en condiciones de ser loteadas ya que no hay trabajos de mensura realizados, ni proyectos de loteo presentados en el municipio de Río Grande, ni proyecto de infraestructura. Por ello, se calcula que no es posible que dichos lotes estén en condiciones de ser entregados por aproximadamente 5 años, periodo mínimo que llevaría realizar todos los trámites, estudios, trabajos y obras”.

“Además el IPV cedió a título gratuito una parcela de 32.360 m2 a la DPOSS, para la construcción de una planta potabilizadora”, continúan en la solicitada.

“En declaraciones públicas, el Gobierno provincial ha informado la financiación de la infraestructura por 100 millones de pesos, pero a la fecha el costo de la infraestructura para los más de 700 lotes asciende a más de 700 millones de pesos, por lo que desconocemos (y nos desconcierta) el cálculo realizado por el Gobierno provincial”.

También explican que “los precios de los lotes se estiman a la fecha en $1.000.000 en Ushuaia y $800.000 en Río Grande (importe que surge de las declaraciones de Vázquez a “Boletín 24”), valores que serán actualizados al momento de las entregas (dentro de 2/5 años). Los terrenos no son hipotecables hasta su cancelación total (30 años a un promedio de $12.000 mensuales) y el IPV no cuenta con fondos para otorgar créditos a la demanda general, supuesta razón por la cual están suspendidos hace más de dos años (ya hemos informados que se han entregado más de 240 millones en préstamo a asociaciones civiles, clubes, organismos, cooperativas, etc.)”.

Por lo anterior expresado, se deja claro que “tanto el Sector 3 de la Urbanización del Río Pipo en Ushuaia, como el predio de Cabo del Mar de Margen Sur en Río Grande, son los únicos predios que posee el IPV para construir viviendas futuras y así perseguir nuestra misión SOLUCIONAR EL DEFICIT HABITACIONAL DE LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO”.

“Los políticos están dilapidando el patrimonio del IPV, engañando a los ciudadanos, pensando solo en el corto plazo, utilizando la necesidad para generar clientelismo y así beneficiarse políticamente, un beneficio que no es para toda la sociedad, un beneficio que es para unos pocos y terminará por perjudicarnos a todos”.

“ENTREGAR TERRENOS NO ES DAR UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL”, finaliza la solicitada.

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