El Tribunal de Cuentas de la provincia dispuso sancionar al Vicepresidente del Instituto Provincial de la Vivienda por su accionar en la escandalosa licitación para la pavimentación de Chacra XIII. Con fuertes críticas al funcionario y al proceso licitatorio, el órgano de control remitió las actuaciones a la Legislatura y a la Gobernadora Ríos e informó al Gobierno nacional.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia mediante la Resolución plenaria 263/2015 sancionó, con una multa económica, al vicepresidente del IPV, ingeniero Roberto Lorente por su desempeño en lo referente al anticipo financiero correspondiente a la obra pavimentación primera etapa urbanización barrio Malvinas Argentinas Río Grande – Empresa PROALSA S.R.L. referente al contrato de obra pública 222/15.
Además el órgano de control hace recomendaciones a las actuales autoridades del IPV y remite las actuaciones a la Legislatura y a la Gobernadora de la provincia. El Parlamento fueguino deberá evaluar, ahora, si aplica algún tipo de sanción contra el funcionario.
En los considerandos de la Resolución Plenaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia se hace un repaso de las actuaciones realizadas en el marco de la escandalosa Licitación para la pavimentación de Chacra XIII.
Así, los Tribunos recuerdan que ya hubo “tres pronunciamientos” sobre el proceso licitatorio por los cuales se observó el trámite por “haberse modificado el pliego una vez efectuado el llamado a licitación pública” y que solo se les notificó a quienes compraron los Pliegos. A pesar de que debería haberse efectuado “un nuevo llamado con esta modificación” para “no vulnerar el principio de igualdad y concurrencia”.
El Tribunal de Cuentas repasa que la observación fue sostenida a pesar del pedido de insistencia por parte del Vicepresidente del IPV y ante esto se dio Intervención a la Legislatura que es el órgano competente para evaluar el comportamiento de los funcionarios públicos frente a estas situaciones. Sin embargo el mismo vicepresidente del IPV, Roberto Lorente había anunciado su decisión de retirar dicha insistencia por lo cual la Legislatura no alcanzó a actuar en el particular.
Pero una vez devueltas, por el Tribunal de Cuentas, las actuaciones al IPV, el vicepresidente de dicho organismo siguió adelante con la Licitación “a pesar de todo” y “sin adecuar el procedimiento a la observación formulada por este organismo”.
Luego de esto se confeccionó un informe Legal solicitado por los Tribunos con el cual se le advirtió al vicepresidente del IPV que la continuación de las tramitaciones “corrían bajo su exclusiva responsabilidad” y se informó a la Legislatura ya que “el funcionario había vulnerado su competencia en el marco del procedimiento de insistencia en orden a analizar la responsabilidad política de los funcionarios”.
También remarco el Tribunal de Cuentas que “a pesar de lo indicado por este organismo de contralor el ingeniero Lorente suscribió el contrato de obra pública con fecha 17 de junio de 2015”.
Por lo tanto considera que “con su accionar, el Ing. Lorente incurrió en una violación de los procedimientos vigentes”; y “además de violar el procedimiento de insistencia burló competencias propias de la Legislatura provincial” por lo cual y a raíz de esta situación el parlamento no ratificó la designación de Lorente como Presidente del IPV.
Así entiende que “todo el dislate procedimental generado en el marco de la contratación, se debe a la falta absoluta de diligencia por parte de las autoridades del IPV en la tramitación de la obra pública en cuestión, dispendio de recursos temporales; materiales; y humanos que se hubiera evitado de cumplirse razonablemente con los procedimientos legales llevando a cabo la contratación conforme a derecho”.
Y especifica que de haberse cumplido “con la publicidad de las circulares aclaratorias por los mismos medios que el llamado original, ampliando el plazo del llamado se hubiera evitado el errático devenir de un trámite irregular de una obra pública de tamaña importancia agravado por el intento de evadir la responsabilidad pretendiendo endilgarla a este organismo de control” además acusa a Lorente de “intentar evadir el análisis de su responsabilidad política por parte del órgano legislativo y continuar con la contratación sin tener que responsabilizarse por las irregularidades del procedimiento licitatorio”.
Además remarca que el ingeniero Roberto Lorente “no hizo más que entorpecer el trámite” y “al desistir la insistencia consintió la observación inicial”. Y recuerda que ante la observación de un trámite “hay tres opciones, corregir el acto en el sentido observado, insistir en el procedimiento ante la legislatura o dejarlo sin efecto”.
Con respecto a la contratación del Tribunal de Cuentas remarca que el accionar del vicepresidente del IPV “puso en riesgo toda la operatoria de financiamiento dado que dio a Nación información falaz” ya que “había un incumplimiento legal para suscribir el Convenio”.
Así, el tribunal de Cuentas resuelve remitir todas las actuaciones al IPV y “aplicar una multa DEL 20% del sueldo bruto mensual al vicepresidente del IPV, Ing. Roberto Lorente por su accionar contumaz”.
Además advierte al vicepresidente del IPV y al Presidente de dicho organismo, Miguel Ángel Caro que en el futuro, al momento de iniciar una obra pública se analicen acabadamente los términos de los pliegos licitatorios para evitar dislates administrativos que entorpecen el cumplimiento del fin último de la administración que es propender al bien común”.
También se remite copia de la Resolución al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal”.
Fuente: Tiempo Fueguino