El Juez Penza rechazó el pedido del SUTEF de frenar los descuentos por días de paro

El juez Laboral de Ushuaia, Guillermo Penza, rechazó una medida cautelar presentada por el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) mediante la cual el gremio pretendía frenar los descuentos por días de paro al sector docente. Pero Penza fue más allá y en otras palabras, manifestó que el Gobierno está aplicando leyes que fueron legalmente sancionadas por el Poder Legislativo en el marco del sistema democrático que rige nuestro país.
En la sentencia más allá de marcar “contradicciones” pretendiendo que haya una manifestación sobre las leyes cuestionadas que según el propio sindicato ya inició una acción declarativa de inconstitucionalidad. También sostuvo que realizó un planteo prácticamente idéntico al que ya había presentado semanas atrás que también fue rechazado, y por el cual, al no haber denunciado ningún hecho nuevo, el Tribunal podría caer en “litispendencia”, que significa que no puede haber dos causas por un mismo hecho.
Pero más allá de rechazar la cautelar, mediante la cual el SUTEF buscaba que el Gobierno no aplique “descuentos por días de paro”, el Juez tuvo una contundente argumentación en torno al sistema democrático que rige nuestro país.
En es sentido consideró que “resulta confuso determinar del relato del actor una situación imputable de clara afectación sustancial de los derechos invocados, cuando el planteo adquiere a la vez características propias de un debate jurídico “en términos de políticas públicas”, máxime cuando se trata de normativa vigente y dictada por órganos políticos representativos resultantes del mandato popular, que son quienes tienen a su cargo la función de deliberación y gobierno”. En ese sentido agrega que “la cual de organizaciones menores “que defienden intereses particulares o colectivos” no pueden pretender su voluntad, ni por la acción directa ni por la vía de la sentencias judiciales, alterando de tal forma las reglas de juego fundamentales de nuestra sociedad”.
Asimismo destaca que “sabido es que fuera de la Constitución y de las leyes, ningún ciudadano puede elevar sus propias creencias, pareceres y/o valores (por más convencido que se encuentre) al nivel de una norma suprema, reservándose con ello, el rol de validador u objetor de normas dictadas al amparo de las instituciones democráticas y republicanas de fuente constitucional. El riesgo aparejado importaría relativizar tales excelsos principios constitucionales que rigen la convivencia, el ejercicio del poder público y la organización social”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo