La Justicia les concedió la suspensión del juicio a prueba, o “probation”, a 5 camioneros y 3 docentes. Lo curioso es que el fallo se conoce cuando el juicio ya se hizo, en noviembre pasado, y las mismas personas fueron condenadas a un año de prisión en suspenso. Es decir que se les suspende el juicio a quienes ya fueron juzgados. El argumento de las autoridades judiciales es que la sentencia todavía no se encuentra firme.
La Justicia de Tierra del Fuego le suspendió la condena a 8 de los 28 gremialistas que ya habían sido enjuiciados y condenados por el ataque y la toma de la casa de gobierno de la provincia, ocurrida en mayo de 2013.
Los 5 integrantes del gremio de camioneros y 3 del sindicato docente (Sutef) fueron beneficiados por una “probation” (o suspensión del juicio a prueba) a través de una resolución judicial que llamó la atención porque se dio a conocer después de que las mismas personas recibieron una condena en juicio oral y público.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia juzgó en noviembre del año pasado, a 34 sindicalistas fueguinos acusados de múltiples delitos por los incidentes producidos cuando se enfrentaron con la policía que custodiaba el edificio gubernamental, ingresaron a las instalaciones, produjeron daños y permanecieron allí varios días durante un reclamo de aumento salarial en 2013.
21 de los 34 acusados solicitaron, antes del inicio de las audiencias, que en sus casos se suspendiera el juicio a cambio del cumplimiento de tareas comunitarias y reglas de conducta, mediante el procedimiento conocido como “probation”.
La jueza subrogante de Ejecución de Condenas de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, rechazó los pedidos en una decisión que también fue curiosa porque el juicio ya había comenzado y estaban declarando los primeros testigos.
Según Maiztegui Marcó, a pesar de que los fiscales Guillermo Massimi y Gustavo Daniel Curtale habían consentido la “probation” para 11 de los 21 casos, el beneficio no correspondía en función de la “naturaleza de los hechos investigados” y el “grado de violencia” con que se habían desenvuelto los gremialistas en su conjunto.
Con ello, el juicio continuó y el 2 de diciembre de 2015, el Tribunal dictó un fallo que condenó a 28 gremialistas y absolvió a 5.
Los condenados recibieron penas que fueron desde los 4 años de prisión efectiva hasta los 8 meses de prisión en suspenso, por delitos como lesiones graves y leves, daño agravado y atentado y resistencia a la autoridad.
Sin embargo, los 21 sindicalistas que habían pedido y les habían denegado la “probation”, apelaron igual la decisión ante la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Río Grande, que terminó expidiéndose el 15 de abril de este año.
La Cámara, en lugar de declarar abstracto el planteo porque el juicio ya había terminado, decidió hacer lugar a la postura de las defensas y anuló la desestimación de la suspensión del juicio para 8 de los casos.
La resolución alcanzó a los docentes Carlos Hugo Díaz, Juan Manuel González y Marcelo Humberto Bonadíes, y a los camioneros Christopher Kevin Flores, Rodrigo Matías Roa, Cristino Estanislao Silva, Francisco Ezequiel Coria y Daniel Esteban Capdevila, este último secretario general del sindicato en Ushuaia.
Todos ellos ya habían sido condenados a un año de prisión en suspenso como coautores del delito de “atentado a la autoridad doblemente calificado”.
Los camaristas resolvieron remitir otra vez las actuaciones a la jueza de primera instancia para que vuelva a pronunciarse sobre su situación.
Los fiscales confirmaron que, como ya habían opinado en la oportunidad anterior, la “probation” correspondía porque los acusados no contaban con antecedentes penales anteriores, y agregaron que “era posible” suspender el juicio a prueba a pesar de que el juicio ya se había realizado, porque la condena todavía no se encontraba firme.
El caso recayó en el juez de Ejecución subrogante Javier De Gamas Soler, ya que la jueza Maiztegui Marcó pidió apartarse de las actuaciones, y el magistrado resolvió, finalmente, hacer lugar a las “probation” para el caso de los 8 involucrados.
La sentencia estableció que durante el plazo de dos años, los imputados deberán someterse a reglas de conducta, como presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados, informar cambios de domicilio, y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
Además, tendrán que realizar “trabajos no remunerados en favor del Estado”, durante 6 horas semanales y hasta acumular 576 horas cada uno.
Si cumplen las reglas, la acción penal se considerará “extinguida” y no registrarán ningún antecedente, señala también el fallo.
Fuente:El Diario del Fin del Mundo