Se trata de “Lapabros Automotores SA” (hoy Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios SA”) y “Constructora Patagonia SRL”. Según el denunciante, ambas firmas fueron activadas en 2012 “solo para contratar con la municipalidad”. Y sus patrimonios crecieron “de manera exponencial”. El juez Andrés Leonelli ordenó cuatro allanamientos, entre ellos a la secretaría de Obras Públicas, y secuestró documentación.
La Justicia penal de Río Grande investiga una denuncia presentada por el abogado de esa ciudad, Francisco Giménez, donde se sugieren presuntos delitos cometidos por funcionarios de la municipalidad y por los responsables de dos empresas constructoras a las que les adjudicaron varias obras públicas en los últimos cuatro años.
La denuncia involucra a las firmas “Lapabros Automotores SA”, hoy llamada “Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios SA”, con sede en la calle Moyano 402, y a “Constructora Patagonia SRL”, ubicada en 9 de julio 790.
Según el denunciante, ambas compañías “fueron activadas desde 2012, con el solo fin de ser contratadas para la realización de obras públicas y viviendas en el ámbito de la Municipalidad de Río Grande”, mientras que en ese período obtuvieron un “crecimiento exponencial” de sus patrimonios.
La presentación de Giménez dio lugar a un requerimiento de instrucción suscripto por el Fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini, quien sugirió la realización de una serie de medidas probatorias.
El juez penal interino Andrés Leonelli hizo lugar a esas solicitudes y ordenó hasta el momento cuatro allanamientos, que se cumplieron desde el jueves a la noche hasta el sábado pasado inclusive.
La Justicia allanó la sede de las dos empresas, la secretaría de Obras Públicas del Municipio y un galpón municipal donde se guardan algunos expedientes de obras públicas. Allí secuestró abundante documentación de interés para la causa, que ahora deberá ser analizada por los investigadores.
Según trascendió, el fiscal y el juez analizan la comisión de varios delitos, entre ellos los de “defraudación contra la administración pública, peculado, enriquecimiento ilícito, y violación de los deberes de funcionario público”, si bien la causa judicial recién comienza y cada una de esas presunciones debe ser corroborada con evidencias.
La denuncia de Giménez se basa en la copia de dos informes atribuidos a la Inspección General de Justicia (IGJ) y originados, uno en 2001 y otro en 2006. También en publicaciones de los boletines oficiales de la municipalidad riograndense y de la provincia, desde 2012.
De acuerdo a esa documentación, la empresa Lapabros (hoy Moliterno) presentó un balance al cierre del ejercicio 2012, con un activo neto de $18.447,49, mientras que en 2013, ese activo se habría incrementado hasta los $32.901.033,20. Es decir, unas 1750 veces más en un año.
A su vez, el patrimonio neto en el mismo período habría variado desde los mismos $18.447,49 a $2.388.265,99, unas 120 veces más.
La denuncia agrega que la empresa carece de “empleados en relación de dependencia”, y que entre 2013 y 2014, pasó de no tener maquinarias propias a declarar 3 millones de pesos de “bienes de uso activos”.
También menciona que en 2012 no facturó servicios, mientras que en 2013 facturó $4.840.000 y en 2014 $24.953.700,18.
Respecto de la firma “Patagonia SRL”, Giménez sostuvo que fue creada en 2001 y casi no tuvo movimientos hasta diciembre de 2012, salvo por el pago de tasas y la rúbrica de libros que exige la IGJ.
El abogado denunció que en ese año se sumó como nuevo socio Diego Alejandro Menéndez, quien “tendría vinculación familiar con la secretaria privada del intendente Melella, de nombre Norma”, mientras que el mismo Menéndez “tendría vinculación con el señor Tita, jefe de gabinete de Melella”, describe la denuncia.
“Todas estas circunstancias denotarían un origen desconocido de los fondos para la compra de maquinarias y realización de obras públicas”, agrega también.
Incluso el juez pidió que se envíe un oficio a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para verificar si estas empresas “registran movimientos financieros” acordes a sus operaciones.
Por otra parte, si bien el magistrado le solicitó a la IGJ que remita los expedientes originales de las compañías, así como el nombre y apellido de los socios, contratos y estatutos societarios, en el caso de Lapabros (o Moliterno) ya se sabe que sus tres socios son Héctor Chalier, Claudio Chaer y Guillermo Baracchi. El propio Chalier lo informó en una entrevista con el periodista Daniel Puebla (FM Aire Libre de Río Grande) el pasado 28 de mayo. Allí admitió que la empresa le fue comprada hace unos años a sus anteriores dueños, Juan Matías Lapadula y María Guadalupe Iglesias.
De hecho, Baracchi aparece como firmante de varios contratos de obra pública con el municipio de Río Grande, en representación de Lapabros, como por ejemplo la pavimentación de calles del barrio CGT, primera etapa, en 2014.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo