Luego de la denuncia en el 2014 por parte del SUTEF por la contratacion irregular del servicio de correo privado en el Ministerio de Educacion, la Fiscalía de Estado giró actuaciones al Tribunal de Cuentas para que establezca posible perjuicio fiscal en el servicio que contrató el Ministerio de Educación para el retiro y entrega de documentos entre diversas dependencias de esa cartera de Gobierno.
El organismo de control advirtió que no hay marco legal para esa contratación y que nada se sabe de qué fondos específicos se afectan para el pago. Además, se cuestiona la erogación por el servicio.
El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre reunió antecedentes del caso, en base a documentación aportada por la cartera de Gobierno que dirige Sandra Molina. Allí, estableció que la competencia en el caso es del Tribunal de Cuentas, ya que pudo advertir que existirían irregularidades en el uso de fondos públicos y no habría encuadramiento legal para la contratación.
“Hay que determinar si los fondos erogados para abonar este servicio podían ser empleados para tal destino o si, por el contrario, se están o han estado, usando fondos de afectación específica que debieran ser destinados a otros fines”, indica un párrafo del dictamen del Fiscal, que además advierte que “se continuó contratando y pagando un servicio que requería haberse adecuado a un determinado marco legal que amparase su continuidad y habilitase la consecuente erogación de fondos públicos para pagarlo”.
Sobre el monto de la contratación también surgen interrogantes, porque de acuerdo al Decreto 2976, de diciembre de 2014, se adjudicó el servicio por una suma mensual de 23.088 pesos, la que es inferior a los 27.988 pesos aprobada por la orden de compra vencida el 17 de abril de 2010 (cuatro años antes). Además, se había incrementado con anterioridad el importe de esa facturación mensual a 37 mil pesos, de acuerdo a facturas emitidas por el proveedor a partir de abril de 2014.