Convencido de que el Megapase de Ríos no es una mera “decisión política” sino que debe tener “sustento jurídico”, el abogado del SUTEF Néstor Sánchez Otharán apuesta a un dictamen del Fiscal de Estado que le ponga freno al pase a planta de mil trabajadores acordado con ATE, entre los cuales hay –según el gremio- funcionarios, parientes y amigos del gobierno actual.
El abogado del gremio expuso la “discriminación e impunidad de parte de las autoridades del gobierno”, que estarían incluyendo en las nóminas gente sin antigüedad y a la vez dejando de lado a otros con más de diez años de inestabilidad por no ser afines a la gestión.
“No tenemos más que ponerlo de manifiesto ante las entidades legales de contralor, en principio de la Fiscalía de Estado, que tiene que controlar la legalidad de todos los actos”, dijo.
Sostuvo que desde el SUTEF vienen reclamando la estabilidad de los auxiliares de educación, “que en algunos casos tienen una antigüedad de más de diez años”, pero “el ministerio de educación en connivencia con la junta de clasificación y disciplina, se han negado a ingresar a los auxiliares en los procesos de titularización”.
Lo calificó como “una utilización política absurda y ridícula”, a la que esta vez se le suma la intención de “colgar” amigos del poder en la planta permanente.
“De buenas a primeras, firman un acta con un gremio afín, para regularizar la estabilidad incorporando una categoría que no corresponde”, indicó sobre el acuerdo con ATE y ratificó que “la figura de auxiliares administrativos ha sido usada para colgar amigos. No deja de sorprenderme la impunidad y la ilegalidad”, insistió.
Respecto del fundamento para evitar este Megapase, y si se basa en la falta de respaldo presupuestario, dijo que por un lado “se está llevando a cabo sin el consentimiento de los trabajadores, que en algunos casos se ven beneficiados y en otros perjudicados, si se cumple el acta firmada por el gobierno y la dirigencia de ATE. Y cuando hablemos de impacto presupuestario, seguramente la Fiscalía de Estado va a trasladar el expediente al Tribunal de Cuentas”, adelantó.
Remarcó que el impacto presupuestario que provocará este Megapase “está en conocimiento de los legisladores electos de la banca oficialista, va a tener efecto en la gestión que venga y se van a tener que ajustar todos los números, sobre todo en los casos en que se benefician auxiliares administrativos y pasan a ser PAYT, donde tienen una mejora salarial sustancial”.
El llamado “Megapase VIP” está incluido en esta presentación: “Exactamente. Desde el sindicato se trabajó puntualmente en mencionar los casos que evidencian lo que estoy diciendo. Son castos testigos que evidencian la voluntad de dejar en el estado amigos, clientelismo político y personajes que responden al gobierno”, aseveró el abogado.
No pudo precisar cuántos son los “amigos del poder” que se colarían en este Megapase porque es tarea que lleva adelante el sindicato, pero a su criterio la Fiscalía está en condiciones de poner un freno. “Debe controlar la legalidad de los actos. En algunos casos la consecuencia de una presentación ha sido recomendar el cumplimiento de procesos legales, pero nunca hubo una orden de dejar sin efecto determinado acto”, observó, no obstante esta vez, por tratarse de la transición, apunta a un criterio más severo.
Sánchez Otharán no descarta “que un dictamen del Fiscal de Estado legitime las posturas políticas que los gobernantes electos han estado manifestando estos últimos días. Yo no me pongo en cabeza de los gobernantes electos, pero si estamos hablando de que estas designaciones van a tener efectos presupuestarios que van a condicionar la gestión venidera, hablamos de que no es una decisión política sino que tiene que tener un aval jurídico de algún tipo”, concluyó.
Fuente: Sur 54