Ante la denuncia realizada por APEL contra el Presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Damián De Marco, la Secretaria del Cuerpo, Noelia Butt, Pablo Romero, Responsable de Administración, y Alberto Arauz, ex Secretario del Cuerpo actualmente jubilado, por las irregularidades que configurarían una defraudación a la Administración Pública y enriquecimiento ilícito, Radio Provincia dialogó con el Secretario de Prensa de este gremio, Daniel Bugliolo quién se refirió al tema.
Cabe aclarar que esta denuncia gremial se basa en la tramitación de un reclamo administrativo presentado por el entonces Secretario del Concejo Deliberante Alberto Arauz por el cual reclamó el pago de licencias anuales ordinarias no gozadas. A lo cual Bugliolo explicó:”Lo grave de esto, es que quién solicita el pago es el responsable de certificar licencias y liquidaciones finales “, sentenció y agregó: “Él solicita el pago, se lo deniegan e insiste mediante un acto administrativo implicando el presupuesto del concejo correspondiente a personal para que se pague, con el agravante de que no tiene dictamen jurídico”.
Según la presentación, el ahora jubilado percibió allí más de 174 mil pesos.
Haciendo un repaso histórico sobre los comienzos de la sindicatura expuso: “Recordemos que aparece ante ciertas investigaciones que hace el tribunal de cuentas y sanciones que tuvieron que ver con el Concejo deliberante y la propia administración central municipal departamento ejecutivo, y a partir de esto se toma una decisión política rápida para modificar la ordenanza con el fin de instituir lo que faltaba de la sindicatura y a partir de ahí tenemos esto, que son vínculos sumamente directos de manera política con los laborales”.
“Esto está pasando hace mucho tiempo con De Marco al frente del Concejo Deliberante donde se hace presión al Ejecutivo para que ejecute pagos sobre el presupuesto del Concejo deliberante aún cuando hay dictámenes en contra de efectuar este tipo de pagos”, precisó.
Bugliolo también aclaró que “el Concejo deliberante desde 2008 no tiene área legal; no tiene dictámenes y esto se tiene resolver”, replicó expresando que la sindicatura entorpece también esta situación.
“Tuvimos que pedir un amparo contra la sindicatura municipal y lo que hizo fue desestimar la denuncia del juez o sea que en todos los casos no se resuelven las cuestiones de fondo y aparecen situaciones muy burdas como esta. APEL no debería ser un gremio que se ocupe de hacer el control de la gestión pública y se lo dijimos a los concejales varias veces”, reclamó.
También recordó que APEL solicitó en 2012 “la banca del vecino paradójicamente para poder explicar las irregularidades que se están dando y preguntarles a los concejales porque no se toman determinaciones sobre esto y te contestan que eso es responsabilidad de la autoridades del Concejo, como si ellos no tuvieran responsabilidad sobre lo que sucede y esto es un error grosero, la ciudadanía para algo los eligió”.
Sobre esta denuncia donde se solicita que se proceda a formalizar en sede judicial en caso de que se verifique delito penal, Bugliolo indicó finalmente que “la sindicatura deberá determinar si va avocarse o no a esta presentación y a partir de ahí determinará como y de qué forma llevará adelante la investigación, nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurra”.