Patricia Campos, integrante del Observatorio de Discapacidad de Ushuaia, manifestó que el gobierno provincial no hizo partícipe a las personas con discapacidad del proyecto ingresado el viernes 13 de enero a la Legislatura para modificar el régimen de pensiones RUPE. “Le tenemos miedo a esta situación”, advirtió.
“El gobierno vuelve a cometer errores y la gente está muy molesta e indignada”, manifestó Patricia por Radio Provincia, quién además tiene a su esposo e hijo discapacitados.
“La idea aparentemente, es sacar las RUPE , a las personas con discapacidad de ese grupo que se llama RUPE, justamente, quienes deberían acceder a la pensión nacional, que todos sabemos lo que es y como es acceder a esta pensión, donde tenés que estar prácticamente en la miseria absoluta”, explicó.
“A nosotros ya no pasó con la Ley 1072 donde veníamos pensando como iba a salir esa ley y después cuando sale la reglamentación de esta ley, salió otra cosa , entonces además de bronca, le tenemos miedo a esta situación , no sabemos que nos espera”, sostuvo.
Vale recordar, que el proyecto contempla crear el “Programa Especial de Complemento Social Provincial para beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez”, el cual, trascendió, no afectará los derechos adquiridos por quienes ya tienen el beneficio otorgado mediante ley 389 (RUPE).
Con esta reforma, las personas que quieran acceder a la pensión por invalidez, deberán acreditar una incapacidad física o psíquica en forma permanente que le produzca una disminución del 76 % o más, en su capacidad de autodesenvolvimiento. Actualmente, la ley 389 exige a los ciudadanos fueguinos el 66 % de incapacidad.
A partir que la nueva ley quede vigente, el Estado fueguino pagará a los beneficiarios no ya el total del monto fijado en la ley provincial, equivalente al 100 por ciento del sueldo bruto de una categoría 10 PAyT del Escalafón Seco, sino la diferencia entre ese valor y el de la pensión no contributiva por invalidez que otorga el gobierno nacional.
Además, quién la solicite, debe tener una “residencia mínima ininterrumpida e inmediata a la fecha de la solicitud del beneficio, de 5 años en la Provincia”.
Se destaca también, que “la ausencia del beneficiario en la Provincia por más de 90 días (continuos o discontinuos) al año, será causal de caducidad, salvo cuando la misma fuera a causa de derivación por razones de salud, indicada por profesional o institución sanitaria acreditada de la Provincia”.