Juez de Río Grande denunciado por doble actividad

El abogado Alejandro De la Riva presento una denuncia ante el Colegio de Abogados de Río Grande, dando a conocer que existe un estudio jurídico en Buenos Aires en el cual ofrecen sus servicios juridicos dos abogados uno de los cuales es el actual juez de instrucción de Río Grande, el Dr. Héctor Ochoa, quien por la funcion publica que ostenta no puede ejercer la actividad privada y que ademas quien aparece junto a el en el estudio juridico es un abogado matriculado en Río Grande, el abogado Matías Zanello, el cual a su vez constituyó domicilio en el barrio YPF, domicilio particular del propio Juez Ochoa. Recordemos que hace un tiempo el mismo Juez fue denunciado por maltratos y trabajo en negro por la Secretaria Adjunta del SEJUP (ver).

Desde el Colegio de Abogados su presidente el Dr. Gastón Díaz confirmó la presentación por parte del abogado Alejandro De la Riva y señaló, “vamos a investigar y deslindar las responsabilidades que corresponde tanto del letrado matriculado con nosotros como el Dr. Ochoa que no está matriculado y que debería estar suspendido en su accionar por ocupar una función pública, de hecho no está matriculado en nuestro colegio pero es una situación que debe aclararse”, expresó Díaz.

El Colegio de Abogados estaría llevando adelante en las próximas horas, las primeras actuaciones en torno a esta denuncia a fin de clarificar esta presentación, la cual da cuenta que un juez penal formaba parte de un estudio jurídico que ofrecía litigar en la misma jurisdicción en que impartía justicia.

Denuncia penal

Mientras tanto desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial reconocieron haber recibido una presentación de igual tenor, la cual fue analizada por la comisión directiva que optó por realizar una presentación judicial ante el Fiscal Mayor, el Dr. Guillermo Quadrini.

La denuncia fue interpuesta por el presidente de la Asociación, el camarista Julián de Martino, a fin de clarificar la situación y ante la “obligación de todo funcionario público de denunciar un posible delito del que tuviere conocimiento”.