A través del Facebook del Concejo Deliberante de Ushuaia, los ediles debatieron, ayer lunes, sobre la presentación de un documento cuyo objetivo es expresar su preocupación ante el constante e indiscriminado de precios en los productos de primera necesidad.
La moción, propuesta por el concejal justicialista Juan Carlos Pino, busca hacer un llamado a los legisladores nacionales para que provean de herramientas legislativas que permitan hacer frente a la continua remarcación de los supermercados.
El concejal Juan Carlos Pino expresó “si bien existe un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) emitido por el Gobierno de la Nación (el 351/20) que delega a los municipios el control de precios, no se hace lo propio en cuanto a otorgarles la facultad de sancionar a las empresas por aumentar los precios ya que esta facultad la sigue teniendo exclusivamente a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo”.
“Queremos poner de manifiesto la voz de los vecinos con respecto a este aumento indiscriminado de precios”, subrayó.
A excepción de los concejales Juan Manuel Romano (FORJA) y Ricardo Garramuño (MPF) y de la concejala Mariana Oviedo (MPF), el resto de los ediles coincidieron en la necesidad de elevar el documento al Congreso de la Nación.
La concejala Laura Ávila (PJ-FpV) coincidió en la necesidad de expresar una preocupación que los concejales tienen por los vecinos y las vecinas de Ushuaia. “Me parece importante que defendamos lo que les corresponde a los vecinos y a las vecinas en el plano alimenticio”, destacó.
Por su parte, el edil Javier Branca (PJ-FpV) indicó que no hay motivos que justifiquen el aumento indiscriminado de precios ya que el valor de las tarifas de los servicios públicos no varió y se mantiene el valor de los combustibles que es el principal parámetro para determinar el valor del flete.
En el documento se hace hincapié en que el salario de muchos sectores de la economía formal se ha disminuido a favor de mantener el empleo, el salario de los empleados del Estado provincial se ha congelado, dejando sin efecto un aumento pactado en paritarias, cuestión que también perjudica a los jubilados, y la situación de las familias que no pertenecen al sector estatal se ha visto seriamente afectada ya sea por la pérdida de la fuente laboral o por ser parte de sectores informales más duramente castigados por la falta de generación de ingresos.
El concejal Juan Carlos Pino manifestó que “el poder adquisitivo de los argentinos cayó en promedio un 15% en los últimos años y que esta situación ha empeorado debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19”
“Debemos exigirles a los formadores de precios que no especulen vilmente con la alimentación de nuestro pueblo”, sostuvo y destacó la necesidad de trabajar en conjunto con los parlamentarios nacionales a favor de los derechos alimenticios de la población.